La Constitución Política le asigna al Estado, la tarea de racionalizar la economía con el fin satisfacer necesidades sociales básicas; de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, proporcionar pleno empleo al recurso humano. Se desprende de los lineamientos constitucionales que toda la actividad económica está contenida en normas, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones administrativas que establece el mismo Estado y que, además, son objeto de estudio de otras ramas del derecho público, para  cumplir con el mandato  constitucional de regular/intervenir la economía y que se constituyen en mandatos obligatorios.